En estas horas se cumple un año del primer caso de coronavirus en la Argentina, cuando toda la sociedad advirtió que –finalmente y como había ocurrido en todo el mundo- el COVID-19 había llegado a nuestro país.
Al cumplirse estos primeros 12 meses del paciente cero, la Unión Argentina de Salud, conformada por obras sociales, prepagas con y sin fin de lucro, sanatorios, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico y tratamiento, personal en relación de dependencia y profesionales independientes, vuelve a advertir a las autoridades del gobierno nacional que la falta de actualizaciones de los ingresos y la carencia de controles oficiales sobre los costos que afectan al sistema, entre ellos los medicamentos y los insumos, constituyen una clara y arriesgada discriminación frente a otros sectores de la economía a los que se les han autorizado aumentos de forma frecuente y significativa.
Hemos atendido durante este año a más del 70% de los pacientes que padecieron coronavirus. De todo el personal de salud de la Argentina, el 65% está bajo nuestra tutela y nuestra responsabilidad. En la batalla contra el COVID hemos perdido a más de 200 hombres y mujeres que estaban al frente de la lucha contra esta terrible enfermedad y aún hoy no tenemos las vacunas necesarias para poder protegerlos.
Como consecuencia del desfinanciamiento al que hemos sido y somos sometidos por una intervención inexplicable del gobierno, que admite una inflación acumulada del orden del 40% y no permite una actualización acorde de los ingresos, en un futuro cercano, muchas organizaciones que integran el sistema privado de salud de la Argentina, podrían perder su solvencia. Inmediatamente después comenzará a cortarse la cadena de pagos, que ya ha comenzado a resentirse y que producirá una gradual pero sostenida suspensión de prestaciones en clínicas, sanatorios, hospitales y otros centros de salud. También pondrá en riesgo tanto las obligaciones salariales actuales, e impedirá cualquier discusión paritaria, o la activación de la cláusula de revisión, un reclamo indudablemente justificado pero de imposible cumplimiento.
El sistema de salud privado no puede abocarse con su máximo potencial a enfrentar una enfermedad de origen y desarrollo impredecibles, si está sumido en una crisis estructural y sin ninguna posibilidad de hacer frente a la exigencia del día a día, lo que afectará la salud de millones de argentinos. Pretender que el sistema de salud privado de la Argentina se gestione sin recursos y poniendo en riesgo la vida de los pacientes es algo inaceptable para quienes tenemos responsabilidades frente a nuestros afiliados.
A menos que este hostigamiento al sistema privado de salud responda a otro tipo de intereses, es incomprensible que en medio de una pandemia que no ha terminado –y que todavía no sabemos cuándo ocurrirá- las empresas tengan que estar a merced de una decisión que, inclusive, contradice los cálculos propios de los organismos responsables de controlarnos.
Por nuestra vocación, estuvimos, estamos y estaremos para terminar de atravesar una de las mayores crisis sanitarias de la historia de la humanidad. Pero nuestra tarea se verá imposibilitada de no contar con los recursos imprescindibles para poder hacerlo exitosamente, como lo hemos demostrado en el pasado reciente.
Buenos Aires, 2 de marzo del 2021
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